La Corte tucumana ordenó liberar a Belén, la joven tucumana presa hace más de dos años por llegar a un hospital público con un cuadro de aborto

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Marcha pidiendo libertad para Belén en el microcentro de la capital mendocina. Foto: EXPLÍCITO

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó que Belén, la joven tucumana presa desde hace más de dos años por llegar con un aborto espontáneo en un hospital público sea puesta en libertad. Lo hizo a través de un fallo conocido esta tarde, que lleva la firma de los vocales Antonio Gandur, Antonio Estofán y Daniel Posse, según informó el diario La Gaceta.

“El máximo tribunal de la Provincia dispuso que las actuaciones vuelvan a la Sala III de la Cámara Penal, que emitió el fallo condenatorio, para que instrumente la liberación efectiva de Belén. Luego, la Corte deberá resolver la cuestión de fondo”, señala la publicación tucumana. Los colectivos que abogaron por la liberación de la joven aseguraron que ahora darán batalla “por la anulación de la condena”.

Belén fue condenada en abril a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Los jueces que la sentenciaron aseguraron que tuvo un bebé y luego se dehizo de él en un inodoro, mientras que sus defensores argumentaron que la chica llegó con un cuadro de un aborto espontáneo sin siquiera saber que estaba embarazada y que lo que vino después fue un maltrato institucional por parte de los médicos. La joven de 27 años -cuyo verdadera identidad se mantiene en reserva- está privada de su libertad desde marzo de 2014.

En todo el país hubo marchas pidiendo su libertad el viernes pasado. En Mendoza la protesta fue en el kilómetro cero, y derivó en reclamos para que la provincia adhiera por fin al protocolo de aborto no punible que rige en Nación. 

En esos días fue a la guardia del Hospital Avellaneda con fuertes dolores abdominales. Según pudo reconstruir la abogada que tomó el caso cuando la condenaron, esa madrugada la derivaron al Servicio de Ginecología ante la sospecha de que podría estar teniendo un aborto.

Desde ese momento, la joven empezó a sentirse maltratada, a recibir “miradas feas y acusaciones sobre qué se había hecho”, a escuchar que hacían llamadas a la guardia policial. El médico José Daniel Martín, que la atendió, le informó que estaba teniendo un aborto espontáneo. Belén afirma –y lo repitió en cada una de sus declaraciones– que no sabía que estaba embarazada. Fue condenada el 19 de abril de este año.

En el expediente figura que la jefa de Parteras acudió por indicación del médico Martín, con la Guardia Policial del Avellaneda a los baños del hospital “a la búsqueda del producto que habría expulsado” Belén. En un baño –existen contradicciones acerca de en cuál de ellos, ya que hay varios–, encuentran un feto y automáticamente es nombrado por médicos, médicas, policías y operadores judiciales como “hijo” de Belén, sin que se haya realizado ningún estudio de ADN que corrobore el vínculo, hasta el día de hoy.

Belén declaró también ante el tribunal que “un enfermero me trajo un feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho. Yo le decía eso no es mío y me decía mirá, este es tu hijo”. También declaró que “cuando despertó del legrado en su cama de la Sala 5 estaba rodeada por varios policías que le inspeccionaban sus partes”. Deza destacó que ese tipo de acciones son formas de torturas y tratos degradantes, tal como lo definió en 2013 el Informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de la Comisión contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez. Sin embargo, ninguno de los abogados que representaron a Belén a lo largo del proceso penal las cuestionó.

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