Mendoza se pliega a la conmemoración de los 45 años del Golpe Cívico Militar Clerical con dos procesos de juzgamientos a genocidas en curso, tres nietas recuperadas por Abuelas de Plaza de Mayo, exmilitares, exjueces y civiles condenados por su rol en el aparato represivo y cuentas pendientes.
Entre ellas se apuntan llevar al banquillo al cura Franco Reverberi Boschi -señalado por sobrevivientes como habitué de las salas de tortura-, y conocer el destino de los bebés que fueron arrebatados a sus padres apenas al nacer.
Récord de condenados con domiciliaria
En el inicio de la pandemia, de las 25 prisiones domiciliarias otorgadas a condenados o procesados por delitos de lesa humanidad en Argentina, 9 fueron despachadas en Mendoza, y sumando una en San Juan Cuyo es la jurisdicción que lleva la delantera en este beneficio en el marco de las prevenciones por la pandemia.
En la primera tanda de domiciliarias fueron beneficiados 8 represores: Oscar Bianchi, Pedro Linares, Segundo Héctor Carabajal (entregador de la Nieta 117, Claudia Domínguez) -quien luego volvió al penal por hacer una fiesta en su casa-, Omar Navarro Moyano, Carlos Ledesma, Oscar Simone, Juan Carlos Ponce y Mario Ocampo. Días después fue beneficiado Juan Carlos Santamaría, ex jefe de la División Inteligencia de la IV Brigada Aérea Juan Carlos Santamaría, condenado en 2018 a prisión perpetua en el sexto juicio por delitos de lesa humanidad.
Décimo juicio
Después de sentencias históricas, como la del juicio a jueces, pionera en el país en llevar al banquillo a referentes de la administración de justicia durante la dictadura, o la que incluyó los delitos sexuales en las condenas a genocidas, este marzo se inició el décimo juicio por delitos de lesa humanidad.
Se trata de la causa en la que se investiga la apropiación durante la última dictadura cívico militar de la nieta 127, quien recuperó su identidad gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.
Antes de la nieta 127, recuperó primero su identidad en 2007 Silvina Celina Rebecca Manrique Terrera, hija de Laura Terrera y de Alfredo Manrique, nieta recuperada número 87 en el listado de Abuelas de Plaza de Mayo. El exjuez Eduardo Mestre Brizuela fue procesado por su rol en la suplantación de su identidad.
En 2015 Claudia Domínguez Castro, hija de Gladys Castro y Walter Domínguez, nieta de María Domínguez y Angelina De Castro, supo que no era hija de quienes la habían adoptado como propia. Su caso fue llevado a juicio y fue el octavo proceso de este tipo en Mendoza, con condenas al militar que la apropió y a sus apropiadores.
Entrevista en canal Acequia en diciembre de 2015 a Claudia Domínguez Castro:
En el juicio por la apropiación de Claudia se ventiló que aún resta conocer qué pasó con otros bebés apropiados en dictadura: se trata de las o los hijos de Adriana Bonoldi y Marcelo Carrera, de María Inés Correa Llano y Carlos Jakowczyk y de Olga Inés Roncelli.
El juicio por Claudia Domínguez reabrió interrogantes por otros tres bebés apropiados en Mendoza
21 juicios en todo el país, dos en Mendoza
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos, informó que en la actualidad existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, de las cuales 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso.
Dos de esos procesos en curso se llavan adelante en Mendoza: se trata del noveno y el décimo juicio en esta provincia. Uno acumula las causas del llamado Operativo Antijesuita en al Barrio San Martín y el otro es el citado juzgamiento a los apropiadores de la nieta 127.
Cinco prófugos y un cura refugiado en Italia
Mendoza es la segunda jurisdicción con mayor cantidad de prófugos por crímenes de lesa humanidad según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Cinco personas están evadidas de la justicia en Mendoza de un total de 25, por las cuales el Estado ofrece recompensas de entre 500 mil y 1 millón de pesos.
En esa lista, sin embargo, no figura el cura Franco Reverberi Boschi, quien permanece refugiado en Parma, Italia. Días atrás dos fiscales volvieron a pedir que se ordene su captura internacional y su extradición para que rinda cuentas. Son muchos los sobrevivientes que lo reconocieron en juicios como habitué de las salas de tortura en San Rafael.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró el listado con los datos principales de cada uno de los prófugos, de los cuales seis son buscados en Rosario, cinco en Mendoza, tres en Bahía Blanca y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos en La Plata y en Mar del Plata, y uno en Salta, en San Juan, en Tucumán y en Formosa.
Revisión del rol de la justicia
Los jueces de la Suprema Corte Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez presentaron una propuesta para formar la “Comisión de estudio interdisciplinaria por la Memoria y Transparencia de los actos y prácticas del Poder Judicial de Mendoza”, que analizaría el rol de jueces, fiscales y otros prestadores de justicia en el engranaje represivo.
Según el proyecto, se prevé “la revisión de las actuaciones y prácticas del Poder Judicial provincial durante la etapa en la que, a lo largo de todo el territorio nacional, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente las consumadas entre los años 1974 y 1982”.
Según le dijo Adaro a radio Nacional Mendoza, esto podría derivar en causas penales. Hasta ahora en Mendoza fueron juzgados exjueces federales, pero la idea es también poner el foco en la justicia local y su actuación en tándem con la policía y otros cuerpos armados.
Vuelta a las calles
Después de un 2020 sin marcha por el 24 de marzo a raíz de la pandemia, este miércoles los organismos de DD.HH. de Mendoza vuelven a las calles.
Habrá una marcha y una caravana desde la Comisaría Séptima, y ambas confluirán hacia Tribunales Federales.
Organismos de DD.HH. de Mendoza harán una marcha y una caravana desde la comisaría Séptima
La última marcha masiva, el 24 de marzo de 2019, cerró con un durísimo documento contra Alfredo Cornejo, que entonces era gobernador, y Rodolfo Suarez, su delfín en la intendencia de Capital, por el Código de Convivencia. En la previa, Suarez intentó aplicarles multas a los que se manifestaran en las calles, pero luego se retractó.
