El 1 de diciembre de 2025, el juez federal de San Rafael, Puidéngola, rechazó en bloque los pedidos de amparo presentados por el Lof Yanten Florido y otras comunidades mapuche. La decisión fue interpretada como un acto político que habilita el avance de la minería y el fracking en Mendoza. En palabras de la Organización Malalweche: “Se profundiza el Despojo territorial y cultural en Mendoza, se concreta el acto formal de rechazo ‘político’ al Amparo por parte del Juez Eduardo Puigdéngolas para permitir el avance de la Minería y el Petróleo.”
El comunicado denuncia que la resolución “degrada los Derechos Indígenas y la Constitución Argentina”, subordinando la institucionalidad del Estado a los intereses extractivistas y especulativos. La medida no solo afecta a una comunidad, sino que sienta un precedente de vulneración sistemática de derechos adquiridos.
El operativo de desalojo
Ese mismo día se ejecutó el desalojo en el Puesto Costa del Lechuzo. El terrateniente Francisco Greco, acompañado por fuerzas policiales y contratistas, irrumpió en el predio donde José Luis Martínez y su hijo Franco, de 12 años, realizaban tareas comunitarias y ganaderas tradicionales, como la parición de chivitos. El comunicado describe: “Generando en este acto una violenta acción contracultural y productiva sobre la familia.”
Tras negociaciones con el oficial de justicia, se acordó un plazo de 20 días para retirar animales y bienes. La familia Martínez Valenzuela decidió “NO RESISTIR EL DESALOJO” para proteger a los animales recién nacidos, aunque reafirmó que continuará reclamando la restitución histórica del territorio.
Escalada de hostigamiento
Lo que parecía un espacio para el diálogo se quebró rápidamente. Malalweche denunció que Greco dejó en el predio a cuatro personas contratadas que comenzaron a hostigar a la familia. Según el comunicado: “Estas 4 personas contratadas por Greco están generando violencia contra la familia, los bienes y los vecinos de la zona, cerrando los accesos en horarios que deberían estar abiertos, impidiendo a Martínez retirar sus bienes, a pesar de lo ordenado por la Juez Grzona.”
Las amenazas, señala la comunidad, incluyeron incendios cerca de la vivienda y advertencias de quemar la casa prefabricada. La comunidad exigió garantías de seguridad para personas, bienes y animales, denunciando decisiones “racistas y fascistas” que reproducen la lógica histórica de la Campaña al Desierto.
El trasfondo territorial
El conflicto no es aislado. En Mendoza, las comunidades mapuche enfrentan un proceso de despojo territorial y cultural que se profundiza con la expansión de proyectos extractivos. La falta de reconocimiento pleno de la preexistencia indígena en la provincia agrava la situación, dejando a las comunidades en una posición de vulnerabilidad frente a terratenientes y empresas.
La disputa por el territorio se vincula directamente con el acceso al agua, recurso estratégico en una provincia marcada por la escasez hídrica. La defensa de los puestos y campos comunitarios no es solo una cuestión de propiedad, sino de supervivencia cultural y ambiental. La Organización Malalweche lo enmarca en una continuidad histórica: “Convocamos desde el espíritu ancestral del Diálogo a parlamentar, a intercambiar como lo hicimos durante miles de años.”
Memoria de la Campaña de Roca
La referencia a la Campaña al Desierto no es casual. La organización recuerda que la ocupación militar del siglo XIX consumó una traición que aún hoy se mantiene vigente. La memoria de esa violencia se enlaza con la resistencia actual frente al avance extractivista y la criminalización de la protesta indígena. La narrativa oficial que niega la existencia de comunidades mapuche en Mendoza contrasta con la persistencia de prácticas culturales, productivas y comunitarias que sostienen la identidad territorial.
Convocatoria al Trawun Intercultural
En respuesta a la escalada represiva, la Organización Malalweche lanzó una convocatoria amplia a organizaciones sociales, ambientales, sindicales y comunitarias, además de autoridades provinciales y municipales. El comunicado concluye con un llamado: “CONVOCAMOS SÁBADO 20 DE DICIEMBRE DESDE LAS 9,00 HS EN EL PARAJE LOS PARLAMENTOS, ¡¡PARA DETENER ESTA ESCALA REPRESIVA CON LOS PUEBLOS Y EN LA UNIDAD DE TODAS LA LUCHAS!!” y reafirma: “¡¡En defensa del AGUA y los TERRITORIOS!!”
El encuentro, planteado como un Trawun Intercultural, busca articular la defensa del agua y los territorios con la unidad de todas las luchas sociales. La convocatoria no solo denuncia la violencia actual, sino que propone un espacio de diálogo ancestral como herramienta política frente a la represión.