El gobierno de Santa Fe le pidió al Banco Central embargar por 1.500 millones de pesos las cuentas de la firma Ar Zinc -adquirida por José Luis Manzano a través de Integra Capital- por el daño ambiental provocado en la localidad de Fray Luis Beltrán.
El pedido llega tras el fracaso de una audiencia de conciliación celebrada en junio de este año en el marco de una causa penal en la que el Estado provincial demandó a la firma por no realizar las tareas necesarias para evitar la contaminación del suelo que rodea a la empresa y linda con el Paraná. La principal diferencia es el tipo de solución propuesta. Mientras Ar Zinc plantea hacer una obra de un millón de dólares, el Estado exige una remodelación integral que implica una inversión 20 veces mayor, detalló diario El Ciudadano.
Hasta 2021, Ar Zinc era propiedad de Glencore. Con la compra, Manzano adquirió también los pasivos ambientales, contenidos en tres depósitos en forma de barracas, ubicados a 10 metros por encima de la altura del suelo, denominados A, B y C donde se concentra la jarosita acumulada entre 1975 y 2000.
Allí se deposita el barro residual que queda tras la extracción del mineral, que también contiene minerales. Se forma por la oxidación de sulfuros de hierro, especialmente de pirita, y se asocia a la presencia de agua con pH ácido.
El principal problema se encuentra en el sector B, ubicado al lado del río Paraná. No sólo constituye un peligro de toxicidad para las especies nativas del río, sino para todas las empresas del cordón industrial que usan el agua del Paraná en su producción.
En 2020, el entonces gobierno de Omar Perotti denunció a la empresa por contaminación, previo a la compra de Integra. Recientemente, el gobernador Maximiliano Pullaro denunció en la Justicia penal dos formas de contaminación: el desmoronamiento de la barranca, que ya ocurrió parcialmente y por lo que se multó a la firma; y el filtrado de los tóxicos por el efecto secundario del agua de lluvia, que cae por el depósito y filtra a la napa subterránea.
Según indica El Ciudadano, en junio hubo una audiencia de conciliación entre la empresa y el Estado provincial , pero no hubo acuerdo.
Ar Zinc ofreció hacer una obra conocida como capping, una especie de techado de los depósitos para taparlos del agua de lluvia, pero el gobierno de Santa Fe reclama un plan integral de remediación y un seguro de caución como garantía financiera si la obra no se realiza. La intervención exige contratar a una empresa especializada para que retire el barro, lo trate en horno y elimine el tóxico, con un plazo estimado de un año.
Entre la propuesta de la empresa de Manzano y la de la Provincia hay una diferencia de costos importante: la primera tiene un costo de un millón de dólares, la otra de 20.
