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La caída de la recaudación generada por la recesión económica dificulta el plan de recorte de gasto del Gobierno Nacional. Esta situación compromete las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y requiere instrumentar medidas alternativas orientadas a fomentar la inversión del sector privado y preparar el terreno para levantar las restricciones cambiarias.
Si los ingresos no repuntan, la única vía matemática para cumplir con el FMI es profundizar el recorte del gasto. Las partidas históricamente expuestas son las jubilaciones y pensiones, la obra pública, los subsidios económicos y las transferencias discrecionales a provincias.
Los números del primer semestre
Según los datos elaborados por las firmas consultoras Outlier y LCG, difundidos por el Diario Clarín, el Estado Nacional registró un superávit primario bruto de $7,33 billones durante la primera mitad del año en curso. Sin embargo, al descontar los ingresos extraordinarios, los cuales no tendrán continuidad, la cifra contable se ubica en $6,30 billones.
Este resultado concreto queda por debajo de la meta de $6,86 billones pautada originalmente con el FMI, confirmando un déficit de $0,56 billones frente al parámetro. La reducción del gasto público no consiguió compensar la veloz disminución de ingresos.
Para cumplir con el objetivo anual estipulado en $16,26 billones, equivalente al 1,4% del PBI, el Tesoro requiere generar $10 billones de superávit durante la segunda parte del año. Esta exigencia demanda un incremento de saldo positivo del 58% respecto al desempeño del semestre previo.
La contracción de los ingresos públicos
La baja en la actividad golpea de manera directa a los fondos del Tesoro. Se evidencian caídas persistentes en la recolección del Impuesto al Valor Agregado (IVA), reflejo de la merma del consumo, y del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (Impuesto al Cheque), termómetro del nivel general de pagos a proveedores y transacciones.
El Poder Ejecutivo ejecuta los principales ajustes de fondos en cuatro columnas. Las partidas de Jubilaciones y Pensiones disminuyen su valor real por el avance de la inflación sobre la fórmula de movilidad. Paralelamente, en la Obra Pública se interrumpió el comienzo de procesos licitatorios y la liquidación a firmas adjudicatarias, paralizando ramas industriales como las del acero y el cemento.
El rubro de los subsidios económicos aplicados a la energía y al transporte requiere traslados a las tarifas, achicando el ingreso disponible de los consumidores e incrementando costos operativos comerciales. Por último, se detuvieron las transferencias discrecionales, empujando a los gobernadores a demorar liquidaciones salariales y detener proyectos municipales.
El rol del sector privado
Con la intención de reiniciar el movimiento de capitales sin aportes del erario público, la administración central aplica políticas de desregulación macroeconómica. La finalización del requerimiento de dinero por parte del Estado fomenta la entrega de préstamos comerciales e hipotecarios de la plaza financiera hacia personas y pymes productivas.
Se reglamentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el propósito de afincar desembolsos foráneos en las actividades de minería, gas, petróleo y tecnología, garantizando inmutabilidad impositiva durante tres décadas.
Además de la erradicación del exceso de trámites de comercio exterior, se impulsan modernizaciones sobre los convenios laborales. La incorporación de esquemas como fondos de cese y modificaciones en los períodos de prueba procuran reducir el costo de indemnizaciones.
Normalización y levantamiento de controles
Para evitar un episodio de hiperinflación, la supresión final de las barreras al dólar demanda cuatro requerimientos previos. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) necesita agrupar reservas netas de divisas para operar de forma fluida e intervenir en el mercado único. Asimismo, la misma entidad requiere depurar sus pasivos financieros en pesos y secar la base monetaria general.
El Tesoro Nacional posee la obligación de asegurar el nivel de déficit cero para clausurar la creación de dinero, mientras se ejecutan correcciones previas de precios retrasados en el campo de los servicios regulados. El ascenso del tipo de cambio oficial incrementará de forma automática el precio de lista de alimentos e insumos de importación. Durante la ventana temporal requerida para la adaptación de los acuerdos salariales, este proceso configurará un declive en el poder adquisitivo de los asalariados.
