La cruzada contra la minería contaminante no terminó. Los manifestantes que coparon las calles en defensa del agua exigen la derogación de la Ley 9209, que legalizó los tóxicos prohibidos por la 7722 y flexibilizó la aprobación de los proyectos extractivistas. Esa fue la respuesta unánime después de que el gobernador Rodolfo Suarez anunciara que pospondría la aplicación de la ley prominera que promovió.
El viernes se aprobó la Ley 9290 con amplia mayoría en las dos cámaras legislativas merced a un pacto entre el gobierno macrista de Rodolfo Suarez y el peronismo provincial. El lunes, Suarez promulgó la ley, mientras su policía reprimía a una multitud que confluyó en la Casa de Gobierno para pedirle que actuara de forma contraria.
La Navidad transcurrió con cientos de manifestantes protestando en distintos departamentos. Suarez acusó a esos manifestantes de violentos. Además, los culpó de una falacia: "No dejan llegar a la gente a los hospitales".
El gobernador se expresó a través de una conferencia de prensa acotada. Después de su exposición se permitieron unas pocas preguntas digitadas por sus asesores.
No pasó mucho tiempo después de la exposición del mandatario hasta que las asambleas por el agua pura rechazaran la oferta. Para dialogar pretenden la derogación de la Ley 9290. Suarez ofreció suspenderla. En todo momento el gobernador dio por hecho que la convocatoria al dialogo tiene como fin la implementación de la norma cuestionada por miles de mendocinos en las calles.
La oferta de Suarez no significa nada, puesto que de hecho no es factible avanzar en la minería con la cantidad de gente que está en las calles en contra de ese avance. Por más promulgación que tenga la ley, el rechazo popular sigue ahí, como si nada.
Al establishment de Mendoza le llevó 15 anos conseguir el aval de la política para hacer minería metalífera a gran escala sin restricciones ambientales. Sus argumentos finalmente convencieron a los partidos mayoritarios, pero fueron estériles contra la resistencia popular. Por Ley se puede usar cianuro en la minería, pero su uso no es posible si se mantiene la resistencia popular como hasta ahora.
A esta altura, el cianuro es legal pero no es legítimo. La minería metalífera a gran escala no tiene licencia social. Ni la tendrá. Las operaciones políticas contra los manifestantes no harán más que agrandar las diferencias entre los dueños de los negocios mineros y los defensores del agua.
Las trasnacionales mineras y sus operadores locales no tienen ningún contacto con el bien común en sus fines. Mientras, los manifestantes vilipendiados por Suarez no tienen fines que no estén vinculados al bien común.
Esto, más allá de las opiniones personales sobre lo verdadero y lo falso. Ningún negocio está vinculado al bienestar general, mientras la defensa de un interés colectivo no tiene roces con los negocios. Por otra parte, no tiene la minería metalífera con el uso de cianuro la capacidad económica para solucionar la tremenda crisis que dejó el radical Alfredo Cornejo. Ahí basó su principal excusa Suarez para habilitar el uso del cianuro. "Hay 40 por ciento de pobres, hay mendocinos que no comen", dijo, como si la minería les fuese a servir dos platos diarios.
