Lejos del escándalo

Más de la mitad del petróleo de Vaca Muerta se debe a la sociedad de YPF con Chevron

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Torre de perforación en el yacimiento Loma Campana, de Vaca Muerta. Foto: Adriano Baldo / EXPLÍCITO

El yacimiento Loma Campana, de la sociedad YPF Chevron, extrajo más de la mitad del petróleo de Vaca Muerta desde que se explota la formación no convencional neuquina. Desde 2011, Vaca Muerta entregó 150 millones de barriles de crudo contando la producción de 16 yacimientos.

Loma Campana fue la nave insignia de la producción a gran escala. La primera inversión en Vaca Muerta activó conflictos por los recursos naturales, el medio ambiente y los intereses partidarios electorales. Fue negociada y ejecutada en el inicio por El Mago Miguel Galuccio, designado al frente de YPF por Cristina Fernández cuando renacionalizó la empresa.

La plataforma de contenidos de la industria energética Argentina Oil & Gas difundió datos sobre la producción histórica de Vaca Muerta y la participación de cada yacimiento en la misma.

Loma Campana fue el primer desarrollo de Vaca Muerta. Fue posible por la renacionalización de YPF y la sociedad con Chevron, la estadounidense heredera de la Standard Oil, de John D. Rockefeller, que invirtió antes que ningún otro privado nacional o extranjero. El descubrimiento del reservorio hidrocarburíferos bautizado Vaca Muerta fue de Charles Edwin Weaver, el geólogo al que Rockefeller le pagó por buscar petróleo en Sudamérica para la Standard Oil. En 1931 cantó bingo en el medio del desierto neuquino.

Vaca Muerta en Explícito

El acuerdo entre las petroleras contempló una participación igualitaria en las inversiones. El plan piloto requirió 1240 millones de dólares para la perforación de 161 pozos. El desarrollo hasta el final de la concisión se estima que costará 12 mil millones de dólares. Ya pusieron más de seis mil millones de dólares.

YPF comanda el centro de operaciones montado en Loma Campana, el más avanzado de los que existen en Vaca Muerta. Foto: Adriano Baldo / EXPLÍCITO

El yacimiento se considera insignia porque al ser primero de la formación permitió iniciar un aprendizaje que provocó una tremenda reducción de los costos de producción, que fue aprovechado por las compañías que desembarcaron más adelante.

En 2013, Cristina Fernández -transitaba la mitad de la segunda Presidencia- firmó el decreto 929, que formalizaba la alianza entre YPF y Chevron para explotar Loma Campana, en Añelo, Neuquén. Chevron sabía que había desde los ’30 del siglo pasado del potencial hidrocarburífero de Vaca Muerta. YPF lo corroboró en la década pasada al final de una investigación con final cantado antes de lanzarse.

Como casi todo lo que hacía Fernández a esa altura, el decreto terminó con múltiples denuncias, que con el correr del tiempo se esfumaron detrás del furor que sobrevino al desembarco de YPF con Chevron en Loma Campana. Hasta 2015 no dejaron de crecer las inversiones en la formación. El año siguiente cayeron fuerte y luego comenzaron a recuperarse sin llegar al récord dejado atrás.

La sociedad entre YPF y Chevron era la primera gesta de la petrolera argentina desde la renacionalización. Estaba abierta la guerra económica con Repsol, la compañía española que se quedó con YPF en la era de las privatizaciones menemistas, a la que el gobierno argentino despojó de las acciones. La acusaba de disinversión y vaciamiento.

Era el inicio de la producción masiva de hidrocarburos por la vía del fracking en Argentina. La técnica se expandió en los campos de esquisto de Estados Unidos. A la par del desarrollo tecnológico y logístico tendiente a maximizar la renta, se generó una serie de investigaciones de carácter ambiental en torno al fracking. Media biblioteca sostiene que no es racional producir con semejante impacto sobre el ambiente. La otra media absuelve al fracking.

Las denuncias

En ese contexto, la firma del contrato de YPF con Chevron hizo ruido desde que se conoció que se produciría. El contrato tenía cláusulas secretas, como todos los de su tipo. El entonces senador Fernando Pino Solanas le pidió a la Justicia que garantizara el acceso a los términos impenetrables para el público.

En la Justicia, una de las primeras la hicieron Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas,  y el legislador porteño de izquierda Alejandro Bodart. Decía que la norma beneficiaba a Chevron en Vaca Muerta y que el fracking para extraer la riqueza adherida a la roca madre en el sótano neuquino causaría daño ambiental.

Pileta con residuos del fracking en Loma Campana. Foto: Adriano Baldo / EXPLÍCITO

Viale continúa denunciando que el fracking está contaminando Neuquén, pero la denuncia contra el decreto de Chevron quedó atrás. En la campaña del 2019 adhirió al Frente de Todos, junto a Pino Solanas, con quien transitó el camino de la defensa del ambiente, por el que al cineasta le gustaba circular.

Otro que fue a la Justicia fue el entonces diputado nacional Claudio Lozano, que había sido socio político de Solanas hasta que el fundador de Proyecto Sur se alió con Elisa Carrió. Pidió la anulación del contrato de YPF con Chevron, a la vez que planteó la inconstitucionalidad del decreto 929/13.

El lilito Adrián Pérez, recién mudado al Frente Renovador de Sergio Massa, encabezó el golpe del tigrense contra el decreto de Cristina Fernández. Massa volvió a asociarse al kirchnersimo en 2019. Adrián Pérez se hizo macrista en 2015 para asumir como secretario de Asuntos Políticos, del Ministerio del Interior, bajo el ala de Rogelio Frigerio, actualmente alejado de los micrófonos que solía frecuentar.

Carrió y el ex senador nacional por Mendoza de la UCR Ernesto Sanz se pasearon por los canales opositores de la época con denuncias mediáticas terribles sobre el acuerdo.

Los reordenamientos partidarios a nivel nacional y los resultados en términos de producción de la sociedad de YPF con Chevron fueron decisivos para que los denunciantes judiciales y mediáticos se alejaran del contrato para enfocarse en denunciar otras cosas.

De archivo

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