Documento de CLACSO:

“No hay modo de dinamitar montañas y ser sustentables como proponen gobiernos y empresas”

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La pueblada del agua en Alvear, uno de los principales bastiones de resistencia en defensa de la Ley 7722.

El Grupo de Trabajo de Ecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) se solidarizó en un comunicado con vecinos y asambleístas de Mendoza y Chubut en su batalla por el agua  y contra el avance de la megaminería.

Los Grupos de Trabajo son redes interdisciplinarias de investigadores de distintos países de Latinoamérica y el Caribe, que se reúnen alrededor de un tema o problema social relevante para la región. “Trabajan para la producción de conocimiento comparado relevante y riguroso, y buscan lograr una efectiva relación entre investigadores, responsables de políticas públicas y organizaciones sociales”, según se presentan.

Destacaron en el documento la creatividad de las protestas mendocinas: “Miles de mendocinos se movilizaron de las más diversas y creativas formas reclamando por la restitución de la ley 7722”.

Remarcaron que “el impacto negativo que ocasionan los megaproyectos mineros de las empresas trasnacionales en la forma de vida de las poblaciones donde se instalan ya es públicamente conocido: contaminación de afluentes, desplazamiento de poblaciones, montañas dinamitadas y territorios destruidos, aumento en los precios inmobiliarios, privatización o destrucción de caminos, entre otros”.

Repasando el estado de Catamarca tras la instalación de laminera Bajo La Alumbrera, concluye CLACSO: “No hay modo alguno de dinamitar montañas, utilizar esas cantidades de agua y electricidad, y ser sustentables como proponen el gobierno nacional, provincial y las propias empresas”.

Evidencian también que los que se resisten a estas políticas extractivistas no sólo deben enfrentar el lobby de los empresarios mineros y el de los gobiernos, sino que deben pelear contra la bajada de línea de los medios masivos, que son usados comopropaganda contra vecinos, asambleístas y agricultores, como se vio en Mendoza.

Después de la represión, Suarez lanzó artillería propagandística pesada contra los manifestantes

Esta es la declaración completa del grupo de trabajo de Ecología Política:

*EN SOLIDARIDAD CON LAS LUCHAS DE LOS PUEBLOS EN ARGENTINA CONTRA EL AVANCE DE LA MEGAMINERÍA*

Pocos días atrás el pueblo de Mendoza enfrentó una nueva avanzada del capital trasnacional megaminero y de los gobiernos tanto provincial como nacional que propiciaron la modificación de la Ley 7722. Esta ley que regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera en la provincia de Mendoza, había sido promulgada en 2007 luego de que el pueblo de aquella provincia argentina se movilizara, obligando al poder político a sancionarla. Por ello, gran parte de ese pueblo considera suya aquella ley.

 

Apenas asumido el 10 de diciembre, el nuevo gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, presenta el proyecto de modificación de la Ley 7722. Diez días después, en breves sesiones y desestimando la opinión pública y los informes científicos y académicos de organismos estatales que alertaban sobre el estado crítico de las cabeceras de cuenca en cordillera debido a la merma pronunciada de nieve y glaciares, diputados y senadores provinciales, con el apoyo del gobierno nacional de Fernandez, modifican y reemplazan la histórica ley 7702 por la 9209. Esta nueva ley, cuya vigencia duró solo diez días, buscaba hacer desaparecer puntos fundamentales de la vieja ley que protegía el agua de Mendoza.

 

Miles de mendocinos se movilizaron de las más diversas y creativas formas reclamando por la restitución de la ley 7722 y para que escuchen políticos y empresarios que “el agua de Mendoza no se negocia”. En esas manifestaciones mendocinas como en todas aquellas que emergieron en diferentes territorios por solidaridad y por el posible avance megaminero en otras provincias, el agua volvió a reafirmarse como bien común.

 

En paralelo a los ensayos fallidos de modificar la histórica ley mendocina, se produjeron los de reformar la ley provincial XVII N° 68 (antes Ley 5001) que prohíbe la minería metalífera en toda la provincia de Chubut, legislación que también había sido resultado de una gran movilización social iniciada en 2002 y de un plebiscito en la ciudad chubutense de Esquel en el cual el 80 por ciento de la población, incluso con altos índices de desocupación, había dicho “No a la minería”.

 

El último intento hasta el momento en Chubut quedó frustrado por la gran movilización social que se produjo en simultáneo en distintas localidades de todo el territorio, desde la cordillera, la meseta y la costa ampliando las fronteras de la lucha socioambiental más allá de Esquel. Gracias también al resultado de la lucha de las y los mendocinos, la sesión extraordinaria en la cual se iba a tratar aquella modificación, por el momento, quedó suspendida. También en Chubut se escuchaban las voces diciendo “El agua es para la gente, el agua no se negocia”, y la población se encuentra en estado de alerta y movilización permanente.

 

Estas iniciativas del avance de proyectos mineros en distintos territorios de Argentina provienen de los gobiernos provinciales que podrían cobrar como máximo un 3 por ciento de regalías (debido a la restricción de la ley de inversiones mineras que rige a nivel nacional desde el gobierno de Carlos Menem), sean del oficialismo como en el caso de Chubut o de la oposición como en el caso de Mendoza, así como del gobierno nacional de Alberto Fernandez, que días antes de que se aprobara la reforma a ley mendocina 7722, en un discurso frente a los empresarios, adelantándose a los intentos fallidos de reforma, afirmó que: “La minería es una actividad primordial” y que “En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata”. Al respecto, integrantes de asambleas han emitido Cartas Documentos dirigidas al presidente para que rectifique o ratifique sus declaraciones, teniendo en cuenta que alentó una actividad que es hasta el momento ilegal.

 

El impacto negativo que ocasionan los megaproyectos mineros de las empresas trasnacionales en la forma de vida de las poblaciones donde se instalan ya es públicamente conocido: contaminación de afluentes, desplazamiento de poblaciones, montañas dinamitadas y territorios destruidos, aumento en los precios inmobiliarios, privatización o destrucción de caminos, entre otros. Para dar un ejemplo del uso del agua y de energía que hacen aquellos megaproyectos basta con ver los propios informes de la empresa Minera Alumbrera situada en Catamarca y los informes de energía de organismos oficiales.

 

Sólo en un año de buena producción, el proyecto de aquella empresa utilizó 85 millones de m3 de agua y usó de energía el equivalente al doble del consumo residencial de toda la provincia de Catamarca. No hay modo alguno de dinamitar montañas, utilizar esas cantidades de agua y electricidad, y ser sustentables como proponen el gobierno nacional, provincial y las propias empresas.

 

Estos conflictos son entonces resultado de la defensa del agua como bien común contra los embates de las transnacionales mineras que, por la forma propia de este tipo de producción, busca constantemente ingresar los medios de subsistencia de poblaciones enteras (afluentes de ríos, el propio suelo donde viven, entre otros) a la lógica de la rentabilidad del capital.

 

La evidente ausencia de licencia social lleva además a que las situaciones de violencia institucional se refuercen y se hagan más recurrentes. Solo por citar un ejemplo reciente, a inicios de diciembre de 2019, seis asambleístas de Chubut fueron apresados y golpeados. Pero estas resistencias que emergen en distintos territorios contra el avance de la megaminería se enfrentan, no sólo con el lobby minero y el poder político, sino también con la connivencia de los grandes medios de comunicación hegemónicos.

 

Desde nuestra mirada crítica y comprometida con la sociedad y la naturaleza, hacemos un llamado urgente al repudio activo contra todas las políticas sea del gobierno argentino nacional como de los gobiernos provinciales que propicien el avance de la actividad minera, solidarizándonos con las asambleas socioambientales y su unión de asambleas de comunidades que luchan contra destrucción de la naturaleza sea para enriquecer a los empresarios o sea bajo el argumento de la generación divisas.

La convocatoria en defensa del agua atravesó transversalmente a la sociedad. Foto: Chimi Ríos/GRAPA
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