Media sanción en Diputados

Organizaciones sociales repudiaron la avanzada oficialista para penalizar a personas sin casa que toman tierras

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Las tomas de tierra se relacionan directamente con el déficit habitacional en Mendoza. Foto: archivo ANRED

Organizaciones sociales, barriales y políticas repudiaron el proyecto de ley de los diputados Jorge Difonso y Mauricio Torres (Cambia Mendoza-Frente Renovador) para penalizar a personas que tomen tierras en Mendoza, y que este miércoles obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados a instancias del oficialismo y sus aliados.

“El proyecto pretende impedir el acceso a beneficios fiscales, sociales, tributarios y subsidios, a toda aquella persona física o jurídica que esté usurpando un terreno privado o estatal. El Estado no puede estar subsidiando este tipo de actividades”, postuló Difonso. para quien hay una “ola de usurpaciones que se han generado a lo largo y a lo ancho del país”, de la cual “Mendoza no ha sido ajena porque en las últimas semanas hemos tenido distintos intentos en distintos departamentos de la provincia”.

Le contestaron con un comunicado de repudio, entre otros, movimientos territoriales con un amplio trabajo de campo y de militancia en barrios vulnerados y abandonados por el Estado a través de sucesivos gobiernos.

“Reconocido defensor de los bienes comunes, este diputado sorprendentemente presenta y logra aprobar en diputadxs un proyecto que atenta contra los derechos a la tierra y el acceso a la vivienda de un amplio sector de la población, precisamente el que vive en condiciones de extrema vulnerabilidad. Lejos de pensar e implementar junto a su gobierno políticas que tiendan a garantizar estos derechos, el proyecto de Difonso es estigmatizante, alejado de la realidad y con deficiencias legislativas de todo tipo”, arranca el comunicado.

“Lo más preocupante es que lo único que puede provocar es profundizar una problemática que ya de por sí es grave, y en un contexto de Pandemia y aislamiento que la hace peor aún. Nadie va a una toma de terrenos si no es por extrema necesidad, y sería bueno que el diputado Difonso entienda esto, en lugar de intentar resolver nuevamente problemáticas que afectan centralmente al sector popular desde el sistema punitivo, con una mirada sancionatoria. Desde este sector político, parece que su única respuesta para lxs pobres es desde el sistema penal y con el aparato represivo”.

Entre otros, firmaron el Movimiento Popular La Dignidad, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, la Unión de los Trabajadores Sin Tierra , la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo, el Frente Social Peronista, La Poderosa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Octubres, Organizaciones Libres del Pueblo, la Corriente Pueblo Unido y el Frente Popular Darío Santillán.

Referentes de esos movimientos remarcaron que el proyecto que impulsa Difonso está “tan alejado de la realidad” que desconoce que el propio Instituto Provincial de Vivienda, “una de las instituciones que tendría prohibido en la ‘Ley Difonso’ dar algún beneficio, reconoció públicamente que el déficit habitacional en Mendoza era de 70.000 viviendas previo a la Pandemia”.

Remarcaron luego una tendencia a penalizar y criminalizar sectores sociales específicos, haciendo la vista gorda con empresarios que toman tierras para enormes proyectos inmobiliarios sin que ningún gobierno los haya puesto en caja.

“Sabemos que la ocupación de terrenos de forma ilegal es lo mismo que vienen realizando diferentes countries y barrios privados que se asentaron hace unos años en Mendoza, y donde viven muchxs de sus compañerxs de banca. Todos esxs ocupantes ilegales no solo no son perseguidos por el Estado si no que gozan de beneficios impositivos para sus “desarrollos inmobiliarios”. Parece que para el sentir de este sector acomodado de la sociedad el derecho a la tierra es para unxs pocxs”, enfatizaron.

Sobre este punto, Difonso le dijo a un medio digital del Valle de Uco que “el proyecto establece que es parejo para cualquier usurpador. Han pretendido estigmatizar el proyecto, descalificándome y de más, pero en realidad es un proyecto que va para cualquier usurpador en donde incluso se le restringe la posibilidad de acceso a planes como Mendoza Activa, las moratorias impositivas, porque hay empresas que también han incurrido en esta situación”.

Este es el comunicado completo de las organizaciones:

¿EL SECTOR POPULAR NO TIENE DERECHO A LOS BIENES COMUNES? ANTE LA CRISIS HABITACIONAL, TIERRA PARA VIVIR Y TRABAJAR…

Posted by Corriente Clasista y Combativa CCC Mendoza on Wednesday, September 16, 2020

 

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