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La audiencia pública convocada para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el gobierno de Javier Milei, terminó convertida en un símbolo de exclusión y tensión entre ciencia y política. Con más de 100 mil inscriptos, apenas dos jornadas de exposición resultaron insuficientes para dar voz a la ciudadanía y a la comunidad científica. Entre quienes quedaron afuera se cuenta nada menos que la coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares, según denunció el propio director del IANIGLA, Pablo Villagra.
En ese vacío, el equipo interdisciplinario de My Climate Risk Argentina presentó un documento que sintetiza la evidencia científica sobre el rol estratégico de los glaciares y ambientes periglaciares. El texto, al que accedió EXPLÍCITO, advierte que la reforma delega la protección de los glaciares a las provincias sin criterios científicos claros. “Los glaciares y el ambiente que los rodea son reservas estratégicas de agua. En años de poca lluvia y nieve, los glaciares pueden aportar más del 40% del caudal de los ríos andinos”, señala.
La advertencia de Villagra
En su intervención, Villagra fue categórico: “Esta reforma de la Ley de Glaciares va a subordinar el rol científico a decisiones políticas”. Con igual contundencia, agregó: “No creemos que represente una mejora”. Sus palabras cuestionaron un proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado y que busca habilitar el avance de la minería en zonas hasta ahora protegidas.
El director del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales subrayó la falta de voces técnicas en el debate. “Ha quedado mucha gente afuera que tiene mucho para aportar”, lamentó, recordando que incluso la coordinadora del inventario nacional no pudo participar. Su intervención se convirtió en un alegato en defensa del conocimiento experto frente a la presión política.
El peso de la ciencia
El documento de My Climate Risk Argentina recordó que el IANIGLA-CONICET es el único organismo con capacidad técnica para inventariar y monitorear los más de 16.000 glaciares del país. Villagra reforzó esa idea al defender el trabajo del instituto: “El inventario nacional de glaciares está listo, fue publicado en el Boletín Oficial de 2018 y se actualizó en 2024 para los Andes desérticos. Incluye todos los glaciares, manchones de nieve perenne y glaciares de escombros de más de una hectárea a lo largo de toda la cordillera, incluyendo las islas del Atlántico Sur”.
Los datos son contundentes: 16.078 glaciares detectados en el área continental y casi 17 mil si se incluyen las islas. Un patrimonio de hielo que, más allá de su valor científico, constituye una reserva estratégica de agua en un país atravesado por sequías recurrentes.
Agua y clima en disputa
El documento subraya que los glaciares cumplen un doble rol fundamental: regulan el agua disponible y moderan el clima. Actúan como amortiguadores frente a sequías prolongadas, liberando agua de manera gradual y sosteniendo los caudales en verano. Al mismo tiempo, reflejan radiación solar y moderan los extremos térmicos. Villagra advirtió que la reforma deja sin protección parte del ambiente periglaciar, donde existe hielo subterráneo difícil de inventariar pero crucial para la provisión de agua en zonas áridas.
Uno de los argumentos más contundentes es que “el agua no tiene fronteras provinciales”. Las cuencas hídricas atraviesan territorios y conectan ecosistemas. Una decisión en la alta montaña de San Juan puede afectar directamente a Mendoza, La Rioja o San Luis. La reforma, según Villagra, introduce ambigüedades y deja áreas sin proteger.
Ciencia vs. política
El cierre del documento es categórico: “¿Está bien prescindir del conocimiento experto generado mediante inversión pública en los procesos de evaluación y toma de decisiones sobre recursos estratégicos? Desde la ciencia decimos: No, no está bien. Está mal”. Villagra reforzó esa idea al señalar que lo que falta no es federalización —ya presente en las evaluaciones de impacto ambiental— sino un presupuesto mínimo uniforme para garantizar la protección de procesos hidrológicos que exceden los límites jurisdiccionales. Su última advertencia fue sobre la falta de financiamiento: “Esta nueva ley sigue sin incluir un presupuesto para la realización del inventario, lo cual deja a nuestro instituto en una situación de incertidumbre”.
Alegato conjunto
La audiencia pública sobre la Ley de Glaciares terminó siendo un escenario con escaso espacio para la ciencia. El documento de My Climate Risk Argentina y las palabras de Villagra se convirtieron en un alegato conjunto: la defensa del agua como bien común y estratégico frente a la presión de la minería y la fragmentación política.
Aquí el documento completo de los científicos:
