El gobernador Rodolfo Suarez anunció que suspenderá la aplicación de la modificación de la Ley 7722 debido a la conflictividad social que se generó. No descartó convocar a un plebiscito vinculante.
El contenido de la intervención mediática del mandatario es un triunfo parcial de la resistencia popular ante la avanzada del establishment para habilitar la minería metalífera con el uso de químicos que estaban prohibidos desde la sanción de la Ley 7722, en 2007.
Confirmó Suarez que la Ley aprobada el viernes previo a la Navidad no será reglamentada hasta que sea debatida entre todos los actores involucrados en la problemática. No obstante, advirtió que la habilitación del cianuro y otros tóxicos mantendrá el status de Ley promulgada.
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El mandatario dijo que abrirá un dialogo en el que no descartó llegar a la convocatoria de una consulta popular vinculante.
Suarez condenó a los vecinos que se manifestaron en las rutas y los departamentos, a quienes trató de "violentos".
El gobernador se negó a reconocer que fue un error avanzar sin debate en la habilitación del uso del cianuro y otros tóxicos en la minería.
Se mostró ofuscado a ultranzas contra las multitudes que rechazaron su proyecto prominero.
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"A los que están cortando las rutas, que no le jodan la vida a los que quieren llevar a un niño al hospital", tribuneó el mandatario que antes había desoído el clamor popular contra su plan para recaudar con una actividad claramente rechazada por grandes sectores de la sociedad mendocina.
Suarez describió la tierra arrasada ("40% de pobreza, que es gente que no come") que dejó Cornejo en Mendoza como excusa para habilitar el cianuro para el extractivismo de las trasnacionales mineras.
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