A 90 días del decreto de aislamiento obligatorio, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) hizo un informe en el que constató un aumento de los hechos represivos en todo el país, como el gatillo fácil, las muertes en comisarías, las detenciones arbitrarias.
En este escenario, la organización reiteró su repudio "a que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento".
Y argumentó: "Son las mismas fuerzas represivas que continuaron reprimiendo desde el comienzo de la democracia y que,en los últimos cuatro años, asesinaron un promedio de una persona cada 19 horas porel gatillo fácil o en lugares de detención. Las mismas que hacen a diario festivales de detenciones arbitrarias, que torturan sistemáticamente en cárceles y comisarías, que reprimen a lxs trabajadorxs que se organizan para defender sus derechos y que desaparecieron a Luciano Arruga, Santiago Maldonado y ahora a Luis Espinoza, entre otros casi 200 desaparecidxs en democracia".
En estos 90 días Correpi publicó cerca de 50 reportes con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país: golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios.
En Mendoza
En su informe por los 90 días de cuarentena, Correpi exigió el "cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc".
Mendoza es una de las provincias donde se multiplica ese hostigamiento avalado, además, por el Código Contravencional, cuyo blanco fácil son, precisamente, las personas que se desenvuelvben en la economía informal, los desposeídos y los opositores políticos.
Ya era así antes de la pandemia, como muestra este archivo de EXPLÍCITO, y continuó siéndolo cuando se les dio a las fuerzas policiales una especie de pase libre bajo el argumento de la vigilancia del "205", el artículo del Código Penal al que alude el decreto del aislamiento.
Reiterados "casos aislados" de brutalidad policial
24 de marzo: la Policía de Mendoza se llevó detenida a Sandra Martínez, docente titular de la escuela 1110 Manuel Láinez y suplente de la escuela 1116 Dr. Tomas Godoy Cruz, y a su hijo, cuando ambos estaban en el supermercado Walmart de Palmares. Intervinieron cuatro patrulleros, los esposaron y los llevaron para tomarles datos. “Nos llevaron a celdas separadas 6 horas, luego nos llevaron a la fiscalía y nos hicieron leer una carta que decía que habíamos golpeado al policía, le dieron 15 días de licencia. Estoy tranquila porque se que hay cámaras, aunque ruego que no desaparezcan, para se puedan ver los hechos”., señaló la docente.
30 de marzo: La Policía de Mendoza detuvo y encerró en un calabozo por cuatro horas a Agustín González, quien intentaba ganarse el día vendiendo verdura en el barrio Los Cerros, de Godoy Cruz. Lo llevaron a la comisaría 50 y de allí a la 27 y el fiscal luego lo imputó por no cumplir con el DNU 127, haciendo caso omiso de sus razones: sin la plata que le deja la venta del día su familia no tiene qué comer, tormento de quienes se mueven en la economía informal, agravado por la cuarentena obligatoria.
7 de abri: La Policía de Mendoza detuvo en la Sexta Sección de Mendoza a un joven que buscaba tener una changa para poder sobrellevar la cuarentena. Siete móviles policiales participaron del operativo. Se llevaron también a la comisaría a una vecina que filmó todo.
La policía eliminó los videos de la vecina que filmó el brutal operativo, que incluyó golpes a una mujer que observaba la escena.
8 de abril: Joel Videla Dávila conducía una camioneta Fiat Fiorino por la zona del Mercado Cooperativo cuando una policía, Sofía Belén Cornejo, le hizo señas para que se detuviera. Le pidieron los papeles y el permiso para circular. Las crónicas policiales de esos días aseguran que el conductor no tenía esa documentación, por lo que intentó huir. Poco después el conductor y su acompañante fueron detenidos y llevados a la novena.
Una vez que el conductor ya estaba apresado, al parecer los colegas de uniforme de Cornejo le propinaron una brutal paliza que lo dejó “con graves hematomas y hasta una costilla fisurada que le perforó un pulmón”, según indica una nota de diario Uno que anoticia también sobre la apertura de una investigación para determinar el rol de los agentes en lo que sería a todas luces un abuso policial.
15 de abril: Militantes barriales de Guaymallén denunciaron “aprietes” y amenazas de la Policía de Mendoza, que irrumpió en la casa de una referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y revisó, en un operativo sin orden judicial, habitaciones y pertenencias, además de sacarle foto al DNI de uno de los habitantes. Se trata de militantes que en esa semana acudieron en ayuda de los obreros varados en la terminal después de terminar la cosecha, y que fueron abandonados por empresarios y el estado en plena pandemia.
13 de mayo: El Gobierno de Mendoza mandó a la policía a desactivar una olla popular en Guaymallén que buscaba visibilizar que el eslogan “Quedate en casa” no es una opción válida para los miles de mendocinos que no tienen qué comer ni las medidas sanitarias mínimas para prevenir el COVID-19. Fue en Pedro Molina y Colón, de ese departamento, donce la Corriente Clasista y Combativa montó un mesón con ollas y alimentos, pero poco después tuvo que levantar todo.
31 de mayo: Con siete móviles la Policía de Mendoza reprimió una asamblea vecinal en Villa Hipódromo, Godoy Cruz, donde se discutía cómo reclamar frente a la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz por cortes en el suministro eléctrico que sufren los vecinos en plena pandemia. Desccargaron gases lacrimógenos y balas de goma sobre los manifestantes y se llevaron detenidos a dos vecinos, una de ellas una referente barrial que lleva adelante comedores. La mantuvieron en el calabozo de la Comisaría Séptima por dos noches.
13 de junio: Un grupo de vecinos protestaba en un barrio de Godoy Cruz contra una familia condenada por abuso de menores y beneficiada por la prisión domiciliaria cuando fueron reprimidos por la Policía de Mendoza, denunció la Coordinadora Contra la Represión Policial e Intsitucional (Correpi).
Agenda antirrepresiva
Hacia el final de su informe, la Correpi recuerda que en diciembre de 2019 le pidieron a las autoridades el cumplimiento de "una agenda urgente e imprescindible en materia antirrepresiva. Hoy nos vemos obligadxs a retomar estas exigencias, ante la situación represiva que se vive en un contexto por de más desfavorable para los sectores más vulnerados":
- Detenciones arbitrarias:
- Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs. Argentina, del 18/09/2003, que ordenó la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante.
- Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.
- Legislación penal, contravencional y procesal:
- Derogación de las reformas regresivas que se llevaron adelante en estos casi cuatro años en toda la legislación represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
- Retiro inmediato de la agenda del Congreso Nacional del proyecto de reforma del Código Penal, que incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta y consagra la impunidad de los represores, y del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que contempla la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes.
- Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).
- Anulación del DNU 70/2017 que habilita la deportación exprés de migrantes.
- Estructura y protocolos de actuación de las fuerzas:
- Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
- Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.
- Fin de la reestructuración de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas que los organismos de DDHH, las organizaciones antirrepresivas y hasta la Defensoría Oficial de la Justicia de la Ciudad y abogadxs particulares puedan confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
- Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
- Ciberpatrullaje.
- Derogación de la Resolución nº 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan “tareas de prevención” (es decir, espionaje) sobre plataformas y fuentes digitales públicas.
