Presentación informe anual

Correpi: “El gobierno que termina ha sido el más represivo de los últimos 36 años”

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La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó este viernes su informe anual sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en 2019 con un acto en Plaza de Mayo, en el cual se cuestionó la política represiva aplicada durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y la gestión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Según esta edición del informe, de las más de 7000 personas que fueron asesinadas por las fuerzas policiales “desde el fin de la dictadura cívico militar eclesiástica, el 26 por ciento murió en los últimos cuatro años” de la gestión de Cambiemos.

“El gobierno que termina ha sido, sin dudas, el más represivo en los últimos 36 años. Día a día nos hemos encontrado en las calles, contra la explotación, la opresión y la represión, y vivimos, en carne propia, toda la avanzada contra nuestros derechos, en un verdadero estado de excepción”,
señaló la Correpi en un documento que fue leído en la plaza.

Personalidades como la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y Sergio Maldonado, hermano del joven artesano Santiago Maldonado –víctima de una desaparición seguida de muerte tras un operativo de Gendarmería llevado a cabo hace dos años en Chubut– estuvieron presentes en este acto.

Pedidos al nuevo gobierno

“Le pedimos al gobierno de Alberto Fernández que salga de esta lógica de gatillo fácil y muertes por a espalda que se impuso en el macrismo. Creemos que la designación de Sergio Berni como ministro de Seguridad en la provincia es un antecedente que nos preocupa”, sostuvieron los
familiares.

En ese sentido, la Correpi consideró que la amante administración de Fernández debería derogar un conjunto de regulaciones “represivas” que ocializadas por el gobierno saliente.

El organismo exige que se eliminen el Registro de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo; los comandos unicados para la intervención de las fuerzas conjuntas federales y provinciales; los protocolos de “lógica bélica para la actuación de las fuerzas de seguridad en movilizaciones y las deportaciones “exprés” de inmigrantes, entre otras regulaciones”.

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