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“Por la salud, la dignidad y el futuro de nuestras comunidades.” Con esa consigna, vecinos autoconvocados de Corralitos, Puente de Hierro y Lavalle se movilizan este viernes hacia la Casa de Gobierno. El afiche de convocatoria es contundente: “¡Basta de promesas, queremos soluciones ahora!”. Reclaman el fin de los desbordes cloacales, obras concretas y condiciones de vida dignas. La protesta se inscribe en un conflicto que ya desbordó lo técnico y se convirtió en un eje político y social de la provincia.
Las pancartas de la convocatoria resumen el hartazgo: “Basta de desbordes cloacales”, “Por la salud de nuestras familias”, “Queremos vivir dignamente”. Desde hace más de un año, los habitantes de Los Corralitos conviven con líquidos fétidos que atraviesan calles y canales de riego. La reiteración de incidentes erosiona la confianza en las autoridades y pone en riesgo la producción agrícola, motor económico de la zona. La marcha busca visibilizar esa cotidianeidad marcada por el hedor y la contaminación.
El respaldo político
En medio de la crisis, el gobernador Alfredo Cornejo salió a respaldar públicamente a Humberto Mingorance, titular de Aysam, imputado judicialmente junto a otros directivos por el vuelco de líquidos cloacales en el canal Pescara. “Cambiar a un funcionario no cambia la situación estructural”, enfatizó el mandatario, descartando modificaciones en la conducción de la empresa. Cornejo defendió a su hombre de confianza y cuestionó a la Justicia: “No comprendo mucho esa imputación, porque no pueden responsabilizarlo penalmente de cosas que no tenían más opciones que hacer”.
El gobernador buscó instalar que la decisión de volcar residuos cloacales en canales de riego fue inevitable ante la falta de infraestructura. Recordó la historia de Aysam, desde la privatización en los 90 hasta la estatización en 2008, y aseguró que su gestión ejecuta “la inversión más relevante en toda la democracia en materia de agua, saneamiento y cloacas”.
La crisis ambiental
El conflicto estalló tras denuncias vecinales que alertaron sobre vuelcos clandestinos de efluentes crudos en el canal Pescara. Inspectores de Irrigación constataron que personal de Aysam había roto deliberadamente la pared del canal Ramo 12, desviando líquidos cloacales sin tratamiento hacia el cauce agrícola. Los análisis confirmaron la gravedad: presencia de efluente crudo y ausencia total de cloro residual.
La sanción fue inmediata: una multa récord de 120 millones de pesos aplicada por el Departamento General de Irrigación, además de la obligación de reparar la infraestructura en diez días y la radicación de una denuncia penal. Para Irrigación, la conducta fue de “gravedad excepcional, reiterada y dolosa”.
La defensa oficial
Lejos de aceptar la sanción, Aysam anunció que recurrirá judicialmente la resolución. El fiscal Gabriel Blanco, con respaldo del fiscal en jefe Sebastián Capizzi, solicitó la imputación formal de Mingorance por presunta comisión de delitos ambientales. La decisión final quedó en manos del fiscal adjunto Gustavo Pirrello, lo que mantiene en vilo a la conducción de la empresa y al propio Gobierno provincial.
En paralelo, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, confrontó con los vecinos que vinculan el desastre cloacal con la falta de controles en proyectos mineros. En un encuentro con inversores mineros, lanzó una frase que generó polémica:
“Decir que no se puede hacer minería porque no va a haber controles suficientes, porque no se pudieron controlar efluentes cloacales, cuando se han aplicado sanciones del organismo con competencia en la materia, porque el impacto directo fue en agua de riego, no de cultivo, sino de cultivo de acre, que es muy distinto, con otros valores, es de mucha mala fe.”
La funcionaria defendió la actuación de los organismos provinciales y remarcó que las competencias ambientales están diferenciadas: el agua de riego corresponde al DGI, mientras que la actividad minera se regula bajo otros parámetros.
Un historial de reincidencias
El episodio de mayo de 2026 no es aislado. Desde agosto de 2025, Aysam acumula antecedentes por vuelcos cloacales en la misma zona, con multas millonarias por descargas no autorizadas. La reincidencia endureció las sanciones y configuró un patrón de negligencia que hoy se traduce en la multa récord. Los vecinos responsabilizan directamente a Mingorance y a Sergio Marinelli, titular de Irrigación, ambos cercanos a Cornejo.
Una disputa que trasciende lo técnico
La judicialización de la multa bloquea la tregua que el Ejecutivo intentaba tejer para evitar el desgaste político. El caso expone la tensión entre organismos estatales y la empresa prestataria, y revela la dificultad de compatibilizar la gestión de servicios públicos con la protección ambiental. En ese escenario, la movilización hacia Casa de Gobierno se convierte en un símbolo: “El pueblo se levanta, se organiza y reclama sus derechos” frente a un conflicto que combina crisis sanitaria, responsabilidades políticas y disputas judiciales.
