Desafuero en el Senado

Pérez Hualde sobre la embestida contra Romano: “Es una rencilla política llevada a los tribunales”

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El Senado trata este martes el desafuero del senador Marcelo Romano por un altercado con policías de tránsito en agosto de 2019, un mecanismo que se reactivó semanas atrás a instancias del oficialismo, después de que el legislador de Protectora pidiera investigar la licitación de Portezuelo del Viento por irregularidades y favoritismos a una sola empresa constructora.

Romano es una piedra en el zapato de Cambia Mendoza desde hace tiempo por su postura a favor de las causas ambientalistas, como la defensa de la Ley 7722, que Cornejo intentó y no pudo voltear, y después Suarez, creyendo tener el respaldo de las urnas, buscó derribar con la ley del cianuro a menos de un día de asumir.

El cornejismo reactivó la embestida contra el legislador una semana después de que éste pidiera interpelar Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura Pública, por la licitación de Portezuelo, que estaría direccionada a beneficiar a IMPSA y a empresas chinas.

“Es un error llevar esto al Senado porque la política no tiene que estar en tribunales, mucho menos en los tribunales penales, salvo que haya una causa muy justificada”, señaló el expresidente de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, abogado constituciuonalista, entrevistado por LV Diez. Luego planteó: “No tengo ninguna duda que esto es la continuación de una rencilla política llevada a los tribunales”.

“Nuestra Constitución prevé que si hay alguna causa penal contra un legislador o cualquiera que tiene fueros, como un juez, Los fueros son protecciones para cualquiera que pueda ser perseguido políticamente. Los fueros son para que a estas personas no puedan ser perseguidas arbitrariamente. Los fueros son de la democracia no de las personas. Son del cargo, no de la persona”, agregó el exjuez.

Pérez Hualde indicó que para quitarle los fueros a un legislador “hay dos requisitos: por un lado que el legislador se esté escudando en sus fueros para impedir que la justicia avance en el proceso. Y en segundo lugar que haya condiciones para producir el dictado de la prisión preventiva, cosa que es imposible porque no da la pena, porque no le darían más de dos años si fuera culpable. Debería acreditar alguno de los riesgos como que se va a fugar o impedir la acción de la justicia”.

“Lo que surge es una confrontación política en un día de campaña con funcionarios que dependían de su competidor político, porque él era candidato a diputado nacional igual que su competidor (N. de la R: el exgobernador Alfredo Cornejo)”.

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