Conflicto ambiental

Ordenan el desalojo de una protesta contra la contaminación en el basurero de Vaca Muerta

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Desplazaron a un pelotón de policías al epicentro del conflicto.

Una resolución del Ministerio Público Fiscal de Neuquén ordenó el desalojo de una protesta contra el basurero petrolero de Vaca Muerta. Activistas de Greenpeace junto a miembros de una comunidad mapuche bloquearon el predio.

La medida de protesta contra la contaminación se inició el martes en la madrugada. El basurero está en Añelo, a unos 100 kilómetros al norte de la capital neuquina.

La operadora del basurero pidió la intervención de “las autoridades” para desactivar la manifestación en sus instalaciones de Añelo, Neuquén. Calificó como “ilegal” el accionar de los manifestantes.

La respuesta no se hizo esperar: un fiscal, con apoyo del Ministerio Público, ordenó el desalojo.

“Pedimos a las autoridades que tomen las medidas necesarias para el cese de esta ocupación ilegal”, había reclamado la empresa.

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Los manifestantes, que exigieron el cierre del basurero por considerar que ocasiona daño al ambiente, resistieron pacíficamente en el lugar. Un pelotón de policías fue desplazado hasta la sede de Treater.

El diputado provincial Santiago Nogueira, de Libres del Sur, rechazó la orden de desalojo. Pidió: “La provincia no debe desalojar a Greenpeace porque es la responsable de la situación actual en la que se encuentran todas las plantas de tratamiento de residuos petroleros”.

La Justicia se demora

El caso llegó a la Justicia Penal por una denuncia conjunta de la comunidad PuelMapu y la  Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Los activistas se quejaron porque no avanza la investigación iniciada en diciembre por el fiscal Ambiental, Maximiliano Breide Obeid.

Hasta ahora, se hizo una inspección ocular en el predio de 200 hectáreas  y poco más. Siguen pendientes las pericias científicas de laboratorio requeridas en la causa.

Las principales operadoras de Vaca Muerta mandan los desechos de la explotación de sus yacimientos a Treatre. La basura del fracking termina en un predio distante a unos cinco kilómetros del casco poblado de Añelo.

Más cerca aún se asienta la comunidad mapuche que denunció a la empresa por contaminación. Argumenta que los desechos líquidos van a piletones sin impermeabilización y que toda la basura se deposita a cielo abierto.

La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que un pacto entre las petroleras, la operadora del basurero y el gobierno provincial de Omar Gutiérrez ampara a la contaminación. El abogado de la entidad, Emanuel Guagliardo, consideró que existe la complicidad de las tres partes para simular un tratamiento de la basura que no se realiza.

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La organización Greenpeace se sumó a la protesta con 40 activistas desplegados en el predio del basurero petrolero.

Al igual que las comunidades mapuches, los militantes de la agrupación trasnacional apuntaron a la responsabilidad de las petroleras en este caso.

La versión empresaria

Treater descalificó la veracidad de la acusación por contaminación en su contra. “Nuestra empresa realiza todos sus procesos con la tecnología adecuada para esta actividad”, esgrimió en un comunicado. Añadió que da “cumplimiento a todas las normas ambientales de nuestra provincia”.

Precisó que sus “operaciones se desarrollan bajo protocolos de Seguridad y Calidad pensados para la protección de las personas y del medio ambiente”. Y que “son constantemente monitoreadas y supervisadas” por sus “clientes, entidades gubernamentales, y por la Autoridad de Aplicación (la Subsecretaria de Ambiente de Neuquén)”.

La empresa expuso su postura en un comunicado de prensa difundido entrada la tarde del martes. Aseveró que fracasó en el intento de resolver el conflicto mediante un “diálogo abierto con los activistas”. Agregó que los invitó “a recorrer las instalaciones y a que tomen conocimiento de los procesos” que se realizan. La respuesta de los manifestantes, según la empresa, fue que mantendrían el bloqueo por tiempo indeterminado.

Derivaciones policiales

Los manifestantes, además, reclamaron que se esclarezcan las responsabilidades en la detención del fotógrafo alemán Stefan Borghardt. Ocurrió a principios de año mientras el profesional trabajaba en el caso Treater.

Policías de Neuquén lo tuvieron 10 horas preso. El fotógrafo denunció que le sacaron la cámara, la memoria y le revisaron el teléfono personal, además de golpearlo durante el procedimiento.

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