El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, confirmó que el municipio se presentará como querellante en las denuncias que la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, llevará al Ministerio Público Fiscal (MPF) por los hechos de vandalización registrados durante la movilización contra el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino. La decisión replica el antecedente de Francisco Lo Presti en Uspallata, quien judicializó a vecinos que se manifestaban contra la minería, y se inscribe en una línea de recrudecimiento de la penalización de la protesta social en la provincia.
Mientras el cornejismo avanza con la megaminería, sus intendentes replican el dispositivo de persecución de los que protestan
“Estamos terminando el relevamiento de todos los daños que hemos percibido en la Ciudad; nos vamos a constituir como querellantes particulares en la causa que se tramitará en el Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Suarez , citado por diario Los Andes. El jefe comunal insistió en que la acción judicial no está vinculada al debate minero, sino a los perjuicios ocasionados: “A los responsables les vamos a hacer caer todo el peso del Código de Convivencia. No estoy hablando ni de minería ni de agua; estoy hablando de que una manifestación en el espacio público generó daño a bienes que son de todos los mendocinos”.
El intendente también explicitó que los costos de reparación recaerán sobre los vecinos: “Si alguien cree que el daño no nos va a costar a todos los vecinos de la Ciudad dejar en condiciones Peatonal y Plaza Independencia, está equivocado. Esto lo van a pagar los vecinos con sus tasas”. Con esa frase, dejó en claro que las acciones judiciales y las reparaciones se financiarán con impuestos municipales.
Blindaje y operativo cerrojo
La ofensiva judicial se complementa con un dispositivo de seguridad sin precedentes en la previa de la discusión de la DIA de San Jorge en el Senado. “En Mendoza el orden público no se negocia”, sentenció la ministra Rus al anunciar que las manifestaciones contra el proyecto minero San Jorge previstas para el 9 de diciembre quedarán confinadas en Plaza Independencia, bajo estrictas reglas: sin acampes, sin corte de calles y con vigilancia permanente, incluido el reconocimiento facial y fiscales afines al oficialismo preparados para abrir causas de manera inmediata.
Por otra parte, Alfredo Cornejo ordenó blindar la Legislatura desde el miércoles de la semana pasada y hasta el 9 de diciembre, día en que el Senado tratará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de San Jorge. Patrullas, camiones de asalto y filas de efectivos rodean los accesos, en un operativo que busca evitar que se repitan escenas como las de 2011 y 2019, cuando las movilizaciones obligaron al oficialismo a retroceder en proyectos mineros.
La caminata por el agua
Mientras el Gobierno intenta encapsular la protesta en Plaza Independencia, vecinos y asambleístas organizan la “gesta liberadora por el agua”, una caminata de más de 100 kilómetros desde Uspallata hasta la Legislatura, prevista para llegar el mismo día de la votación. El contraste es evidente: el oficialismo apuesta al cerco institucional y judicial, mientras las organizaciones sociales refuerzan la presencia territorial y apelan a la memoria de las movilizaciones que marcaron la defensa del agua en Mendoza.
Debate exprés y regalías en disputa
Esta semana el oficialismo apuró un despacho de mayoría en el plenario de comisiones del Senado, evitando responder objeciones sobre regalías mineras, uso del agua y riesgos ambientales.
La discusión duró menos de una hora y fue comandada por Yamel Ases, presidenta de la Comisión de Ambiente. La oposición denunció falta de debate y cuestionó la posibilidad de que el Ejecutivo rebaje regalías a pedido de las empresas.
El.senador Vaquer (PJ) pide que no se de despacho a la DIA de San Jorge por no tener en cuenta la cuenca aguas abajo y las alertas de la Facultad de Medicina pic.twitter.com/StbeSh0R4l
— ✂ Síganme los malos (@GabiValdes) December 3, 2025
Una línea de endurecimiento
La decisión de Suarez de denunciar a quienes pintaron grafitis en defensa del agua se suma a un patrón de endurecimiento institucional frente a la protesta social.
Como ocurrió en Uspallata con Lo Presti, ahora Suarez buscará avanzar con causas contra los que se manifiestan con grafitis, reforzando un esquema de disciplinamiento social frente a la conflictividad ambiental.