Geopolítica versus ambiente

El Efecto Venezuela agita la agenda mendocina con un inesperado impulso a la conflictiva minería

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Nicolás Maduro.

Mientras las agencias internacionales transmitían las primeras imágenes de la operación militar estadounidense en Venezuela y la confirmación de la captura de Nicolás Maduro en la madrugada del sábado 3/1/2026, a 5.000 kilómetros de distancia, El lobby minero de Mendoza leía la noticia en clave bursátil.

El impacto fue instantáneo: el cobre rompió en la apertura de los mercados asiáticos la barrera de los US$ 5,60 la libra. El metal rojo que Mendoza guarda bajo sus montañas y cuya explotación genera el mayor conflicto social latente el en inicio del tránsito del segundo cuarto del siglo 21. Para el Proyecto San Jorge (PSJ) —ahora rebautizado corporativamente como PSJ Cobre Mendocino—, la crisis geopolítica en el norte de Sudamérica no podría haber llegado en un momento más sincrónico.

Hace menos de un mes, el pasado 9 de diciembre de 2025, la Legislatura de Mendoza aprobó su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en una sesión que el oficialismo calificó de «histórica» y que marcó el regreso de la minería metalífera a la provincia tras casi dos décadas de parálisis.

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La alineación perfecta

En los despachos de Zonda Metals (la firma suiza que controla el proyecto junto al socio local Grupo Alberdi), el escenario de enero dibuja una oportunidad que excede lo geológico.

Bajo la administración de Javier Milei y su explícito apoyo a la operación estadounidense, Argentina aparece en ese mapa con un resaltador verde.

La intervención de Donald Trump y la incertidumbre sobre el suministro energético y mineral desde Venezuela han volcado a los fondos de inversión hacia jurisdicciones consideradas «seguras» por Washington.

La figura clave en este tablero local es Martín Rappallini. El titular del Grupo Alberdi —y presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) desde abril del año pasado— se encuentra en una posición inmejorable. Con el cobre tocando máximos por el pánico global, la búsqueda de financiamiento para los US$ 600 millones que requiere la mina de Uspallata ha dejado de ser una cuesta arriba para convertirse en una negociación de seguridad estratégica. El argumento es simple: Occidente necesita cobre, y Mendoza tiene un proyecto con licencia ambiental aprobada y sin uso de cianuro, listo para entrar al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).

Uspallata en alerta

Sin embargo, la euforia de los mercados contrasta con la temperatura en el valle de Uspallata. La aprobación legislativa de diciembre no cerró la grieta social; la profundizó. Las Asambleas por el Agua, que se movilizaron masivamente frente a la Legislatura durante la votación de la DIA, no bajaron las banderas y están dispuestas a seguir resistiendo.

San Jorge.

La narrativa de la «transición energética» que impulsa el gobierno de Alfredo Cornejo choca de frente con la desconfianza local. Para los asambleístas, la prisa por aprovechar los precios récord y la alineación geopolítica con Estados Unidos solo auguran una mayor presión sobre los recursos hídricos de la cuenca del río Mendoza. El verano de 2026, que ya se anticipaba caliente por la reactivación del proyecto, ahora hierve al ritmo de las noticias internacionales.

Un verano decisivo

Con el cobre rozando los 6 dólares y el «riesgo Venezuela» dominando la agenda global, Mendoza se ha convertido, casi sin buscarlo, en un actor de reparto en una crisis internacional. Lo que ocurra en las próximas semanas definirá si el PSJ Cobre Mendocino logra transformar este viento de cola financiero en la primera mina de cobre operativa de la provincia, o si la resistencia social logra frenar, una vez más, el avance de las máquinas en la precordillera.

Por ahora, los números mandan: en las pantallas de los traders, el cobre sube; en las calles de Mendoza, la tensión también.

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