La Fiscalía de Estado de Mendoza ordenó seguir con la licitación de Portezuelo del Viento, que había sido objetada por abogados constitucionalistas y ambientalistas por la ilegalidad del proceso y el impacto ambiental en la cuenca del Colorado, que Mendoza comparte con La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
Los cuestionamientos que recibió la licitación giraban en torno a tres ejes:
•Los referidos a la legalidad de la licitación. Entre ellos la existencia de una única oferta en la licitación en curso, precio excesivo de la única oferta realizada y el mejoramiento de oferta realizado por el proponente.
Detrás del vocablo del mapuzungun “Malal Hue” con el que bautizaron al único oferente para construir Portezuelo del Viento están los nombres de poderosos empresarios de medios, petróleo y obras con una pata oriental. La UTE está formada por la estatal china Synohydro-Powerchina, IMPSA, CEOSA y Obras Andinas y fue la única que compró el pliego para construir la megaobra sobre el rio Grande, en Malargüe.
Respuesta de la Fiscalía: "La existencia de un único oferente no es legalmente causal de fracaso de la licitación y tampoco resulta un obstáculo legal que se haya solicitado y obtenido una mejora de la oferta del orden del 22%, la que en definitiva resulta en beneficio de la Provincia".
Medios, minería y obras: los intereses de los empresarios asociados para hacer Portezuelo
• Los que se fundaban en la importante disminución del caudal del río Grande -principal afluente del Colorado- en la última década, lo que dificultaría el llenado de la presa a construir y podría provocar una disminución de la energía a generar, así como tornar inconveniente la evaluación económica de la obra.
Respuesta de la Fiscalía: "Resulta un hecho incontrovertible que genera incertidumbre. Pero la simulación del llenado de presa realizado por EMESA, considerando su cierre desde los años 2010 a 2017 (de gran escasez hídrica), concluyen que el embalse se llenaría en un plazo máximo de 4 años y estaría en situación de empezar a generar energía en no más de 12 meses desde el cierre".
"El valor de una inversión pública no puede limitarse a analizar el recupero y rentabilidad financiera, sino que debe contemplar muchos otros beneficios, tangibles e intangibles, que resultan de gran trascendencia social, y que elevan la rentabilidad al 28%, de acuerdo a los informes existentes".
• La existencia de cuestionamientos en el ámbito del COIRCO a la realización de la presa. En el mismo sentido, advertían la incertidumbre que genera la existencia de reclamos de provincias limítrofes sobre los caudales de las cuencas principales del territorio y de procesos judiciales iniciados en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la realización de la obra.
Respuesta de la Fiscalía: "Situaciones similares pueden darse respecto a cualquier obra hidroeléctrica que decida realizar la Provincia, por lo que no resultan por sí causa suficiente para no avanzar en su realización. Sin perjuicio de ello, no puede descartarse la posibilidad de que una decisión ajena a las autoridades provinciales (sea del Poder Ejecutivo Nacional en el marco del COIRCO o del Poder Judicial), pueda obstaculizar el avance de la ejecución de la presa. Así sostuvo que ello, al igual que la disminución de caudales y el informe de EMESA sobre el tema, deberán ser debidamente merituados por el Gobernador".
Este es el dictamen completo de la Fiscalía:
