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Con la publicación del Decreto N° 3032 en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mendoza puso punto final a la historia de Acequia TV, el primer canal público de la provincia. La norma, firmada el 30 de diciembre, dispuso la liquidación del Fideicomiso de Administración del Servicio Audiovisual “Acequia” y selló la extinción de un proyecto que durante más de una década buscó democratizar la comunicación y dar visibilidad a la producción cultural mendocina.
La decisión administrativa
El decreto no solo aprobó el acuerdo de rescisión del fideicomiso, sino que habilitó un aporte extraordinario de 135 millones de pesos para afrontar los últimos compromisos económicos antes de la disolución. La medida se apoyó en la Ley 9550, que facultó al Ejecutivo a liquidar los activos y realizar los aportes necesarios para completar el proceso.
Una transferencia previa de 65,8 millones había sido autorizada en 2025, pero resultó insuficiente frente a los gastos finales. Mendoza Fiduciaria S.A., en su rol de fiduciaria, solicitó entonces una ampliación para cubrir pagos pendientes hasta el 31 de diciembre, fecha clave para cerrar balances y contratos. El acuerdo rescisorio, firmado el 18 de diciembre, estableció que el fideicomiso quedaría extinguido a partir del 1 de enero de 2026. Con ello se cancelaron créditos, se extinguieron contratos laborales y se cerró administrativamente la estructura que había sostenido a la señal.
El trasfondo político y económico
La decisión se inscribe en un proceso de vaciamiento que se extendió por más de dos años. Desde la llegada del cornejismo, Acequia TV fue perdiendo financiamiento: se redujeron programas en vivo, se retiraron producciones locales y la pantalla se llenó de enlatados. Lo que en sus primeros años había sido un canal competitivo, con noticieros en horarios centrales y reconocimientos nacionales, terminó debilitado por la falta de apoyo económico.
En abril de 2024, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, había anticipado en la Legislatura que el Gobierno provincial buscaría “enajenar” los bienes del canal y venderlos a un privado. Poco después, Mendoza Fiduciaria notificó el despido de todo el personal. Decenas de familias quedaron en la calle, víctimas de una política que priorizó el ajuste por sobre la continuidad de un medio público.
En sintonía con la avanzada libertaria contra medios estatales como Télam y la TV Pública, Fayad declaró: “No hace falta gastar impuestos para tener un canal, no tiene sentido”. Con esas palabras, cuestionó el presupuesto de 30 millones de pesos mensuales que, según el oficialismo, resultaba excesivo para sostener la señal.
El remate de los bienes
El decreto de cierre abrió la puerta al remate de los bienes de Acequia TV. Mendoza Fiduciaria anunció que la venta se realizará mediante una subasta pública “publicitada previamente, sin limitación de concurrencia, y ejecutada al mejor postor”. Se liquidarán cámaras, consolas, equipos de sonido, micrófonos y herramientas para transmisiones a distancia. El inmueble desde donde se realizaban las emisiones, ubicado en el espacio cultural Julio Le Parc de Guaymallén, también quedará vacío tras la operación.
Una pantalla apagada
El cierre definitivo de Acequia TV marca un hito en el ecosistema audiovisual mendocino. Durante diez años, el canal público fue un espacio de producción cultural y periodística que ofreció una alternativa a los medios privados, con contenidos locales y voces diversas. Su desaparición deja un vacío simbólico y cultural, y plantea interrogantes sobre el futuro de la televisión pública en Argentina.
El Ejecutivo mendocino justificó la medida en términos económicos y administrativos. Pero para los trabajadores y para buena parte de la sociedad, se trata de una pérdida que trasciende lo contable: Acequia no solo fue un canal, sino un proyecto que buscó democratizar la información y dar visibilidad a la producción artística y periodística de la provincia.
Hoy, la pantalla apagada de Acequia TV se convierte en metáfora de un tiempo en el que la pluralidad informativa y la apuesta por lo local cedieron ante la lógica del ajuste. El decreto que liquida el fideicomiso no solo clausura una estructura administrativa: clausura también una experiencia de comunicación pública que, por más de una década, intentó abrir espacio a voces diversas en Mendoza.
