Batalla por el agua

Para los pampeanos, el ingreso de la Nación en IMPSA pone en jaque la imparcialidad en el conflicto por el río Colorado

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Portezuelo virtual.

Para los pampeanos, el ingreso del estado nacional como capitalista de IMPSA –cuyo rescate fue aprobado por la Legislatura de Mendoza– pone en riesgo la imparcialidad que debe tener el Ejecutivo Nacional a la hora de garantizar que Portezuelo del Viento respete las exigencias de las provincias aguas abajo.

IMPSA es una de las empresas de la UTE que ganó la licitación para construir la represa. La UTE está formada por la estatal china Synohydro-Powerchina, IMPSA, CEOSA y Obras Andinas y fue la única que compró el pliego para construir la megaobra sobre el rio Grande, en Malargüe.

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Durante 111 años IMPSA perteneció a la familia Pescarmona, pero una profunda crisis financiera lo puso al borde de la desaparición. Es una de las empresas multinacionales latinoamericanas de mayor tamaño, considerada como la de mayor experiencia en generación de energía hidroeléctrica y es la compañía latinoamericana que mayor cantidad de centrales de energía eólica ha instalado.

Con fondos públicos se resolvió capitalizar a la empresa y el propio Alberto Fernández visitó Mendoza semanas atrás para sellar el acuerdo con Rodolfo Suarez.

Rodolfo Suarez y Alberto Fernández en el acto de capitalización de IMPSA con fondos públicos. Foto: Télam

Para La Pampa el ingreso de la Nación en IMPSA pone en jaque la imparcialidad y las garantías ambientales y socioeconómicas que piden las provincias del COIRCO para avanzar en la megapresa sobre el río Grande, principal afluente del Colorado.

Días atrás, el gobierno pampeano dio a conocer un comunicado en el que refieren: “Que el Estado nacional sea ahora el principal accionista de Impsa resulta para el país una muy buena noticia y se celebra que la compañía recomponga su capital de trabajo y se proyecte para posicionarse otra vez como una empresa de vanguardia en desarrollos tecnológicos. No obstante, no puede usarse para tapar las inconsistencias técnicas, ambientales, legales y económicas de una obra como así pretenden actores mendocinos”.

Ahora esas dudas se vieron plasmadas en un proyecto del diputado nacional pampeano Martín Berhongaray (UCR) que resumió sus objeciones en los siguientes puntos:

1 – Cuáles son las providencias adoptadas para garantizar la imparcialidad del Poder Ejecutivo nacional a la hora de resolver en definitiva acerca de la existencia de las condiciones ambientales indispensables para la adjudicación de la obra hidroeléctrica de Portezuelo del Viento al único oferente (Sinohydro Corporation, IMPSA, CEOSA y Obras Andinas UTE), respecto de la cual el Estado Nacional integra en condición de accionista mayoritario de IMPSA (Industrias Metalúrgícas Pescarmona Sociedad Anónima).

2 – Si se ha considerado la posibilidad, en atención a la calidad de socio mayoritario que el Estado Nacional ha asumido en IMPSA, de determinar el retiro de esa empresa del consorcio oferente de Portezuelo del Viento, a fin de mantener la imparcialidad necesaria al Poder Ejecutivo para arbitrar eventuales conflictos interprovinciales.

3 – Si se ha tenido en cuenta que, como consecuencia del papel asumido por Mendoza en la empresa de la que el Estado Nacional ha devenido socio mayoritario, dicha provincia ha pasado a ser, de modo simultáneo con la calidad de controlante de la obra hidráulica, si ésta finalmente se materializa, parte del consorcio controlado.

4 – Si el Poder Ejecutivo nacional ha tomado conocimiento de las presunciones planteadas acerca de la existencia de sobreprecios en la oferta económica relacionada con la construcción de la represa de Portezuelo del Viento, y si ha adoptado providencias acerca de esa situación.

En el mismo pedido de informes Berhongaray subrayó: “Es sabido que con la adquisición de prácticamente las dos terceras partes (63,7%) del capital accionario de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), en sociedad –además- con la provincia de Mendoza, que ha adquirido más de una quinta parte adicional (21,2%), el Estado Nacional se ha transformado en integrante del consorcio adjudicatario –virtualmente, pues es el único oferente- de la licitación de la represa hidroeléctrica multipropósito de Portezuelo del Viento, pieza central del sistema hídrico del Río Colorado”.

 

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