Persecución a defensores del agua

La jueza Patricia Alonso ordenó que siga la causa contra una asambleísta que protestó por la ley del cianuro de Suarez

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Nora Moyano (al centro) fue imputada por “privación ilegítima de la libertad” tras manifestarse afuera de la Legislatura de Mendoza.

La justicia rechazó el planteo de nulidad de la defensa de Nora Moyano, integrante de la Asamblea por el Agua de Las Heras, imputada en una causa contra defensores del agua que protestaron el 17 de diciembre de 2019 en la Legislatura contra la ley del cianuro enviada por Rodolfo Suarez para derogar la Ley 7722.

La defensa de Moyano, a cargo de Julieta Lavarello, planteó la nulidad de la acusación, pero la jueza de garantías, Patricia Alonso, la rechazó en una audiencia virtual que se concretó este jueves.

El fiscal de la querella, Juan Tichelli -quien estuvo a cargo de imputaciones masivas en esos días agitados de la pueblada por el agua-, notificó a las partes que había enviado “una nota a la secretaria administrativa de la Legislatura en la cual solicitó a los legisladores que ese día estuvieron en la casa de las leyes para que por escrito testimonien si se sintieron o no secuestrados, asique yo sigo imputada”, contó Moyano a EXPLÍCITO.

Persecución a asambleístas y vecinos

Después de la marcha en la Legislatura por la que imputaron a Moyano y otros asambleístas, el 23 de diciembre otros miles de mendocinos salieron a las calles y rutas de toda la provincia y confluyeron frente a Casa de Gobierno en la Marcha del Agua, reprimida por Rodolfo Suarez con gases, balas de goma y detenidos a mansalva.

La embestida contra los manifestantes no cesó: arreció un operativo de propaganda del gobierno multiplicada en los medios masivos: tildó a los manifestantes de terroristas y violentos e intentó victimizar a los policías que reprimieron al pueblo y, con todo, finalmente Suarez tuvo que dar archa atrás y restituir la 7722.

El 17 de diciembre, la Fiscalía 1 de la capital provincial tomó imágenes de los manifestantes para proceder con posterioridad. No hubo imputaciones a fines de diciembre, porque las calles estaban en ebullición, pero este medio pudo saber que la intención del Ministerio Público, altamente dependiente del gobierno radical, era avanzar en el llamado a indagatoria de algunos manifestantes. Esa acción se postergó para evitar caldear más el clima en la previa de las sesiones.

Sin embargo, en el verano la embestida fue retomadaNo sólo por el gobierno provincial sino por el de Capital. Ulpiano Suarez envió multas y sanciones masivamente a quienes participaron del brindis por el agua. Algunas de ellas fueron luego revocadas.

Para ir contra vecinos y asambleístas, los Suarez usan el Código Penal y el Código Contravencional, que ambos gobiernos han ejecutado en contra de opositores políticos, desposeídos, o quienes protesten por cualquier motivo, razón o circunstancia.

Imputaron a otra asambleísta que protestó contra la ley del cianuro de Suarez

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